El rector de un colegio de Honda, condenado hace diez años por abusar de un menor, tiene derecho a pasar la página. Pero merece un debate si su lugar en la sociedad está donde debe interactuar con niños y adolescentes.
Hasta el 22 de noviembre de 2015, Luis Alfonso Cano trabajaba sin problemas como rector del colegio Antonio Herrán Zaldúa de Honda. Nadie, ni los estudiantes de la institución, ni sus padres, conocía su pasado. Una década atrás, Cano, oriundo de Barranquilla y elegido por méritos para manejar el plantel, había pagado cinco años de cárcel por acceso carnal abusivo con un menor de 14 años y por pornografía infantil.
Ese día de noviembre, Salud Hernández-Mora denunció el caso en El Tiempo en un artículo titulado ‘El zorro cuida gallinas’, en el que se preguntaba: “¿A quién nombraría rector del colegio de sus hijos? ¿A un depravado que abusaba de niños (…)?”. Ante el escándalo, Cano confrontó a sus colegas y a los padres y recordó que “todos merecemos una segunda oportunidad”. También le pidió al diario dejar de referirse a su pasado y solicitó a la Corte Suprema de Justicia borrar de sus bases de datos las menciones explícitas de su nombre.
La semana pasada, la misma periodista volvió a ventilar el tema, al contar que Cano permanece en el colegio y que, a pesar de que familias y profesores lo respaldan, hay quienes ven con ojos críticos su presencia allá. El caso pone en evidencia la necesidad de garantizar en Colombia el derecho al olvido. Pero, a la vez, plantea un debate sobre los límites de ese derecho cuando su ejercicio puede terminar afectando a otros. En el caso de Honda, a cientos de menores de edad.
La cárcel es parte del ADN de cualquier sociedad moderna, pues permite castigar a quien ha cometido un crimen y darle una segunda oportunidad tras pagar por él. Esto solo es posible bajo la condición de que la sociedad, en efecto, le permita construir una nueva vida. Para esto, las democracias cuentan con mecanismos entre los cuales se encuentra el derecho a pasar la página. Como sostiene el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez, “el derecho al olvido es un esfuerzo por garantizar la resocialización”.
Este principio adquiere relevancia en un mundo en el que la información está presente en todas partes y en todo momento y en el que la tecnología se ha metido en la vida privada. La propia Hernández-Mora cuenta que conoció el caso del rector Cano porque un curioso un día puso su nombre en Google y, después de unos minutos, descubrió su pasado oscuro. Ese es el caso de miles de personas que han cometido pecados mucho menores que los del rector de Honda y que han pagado por ellos, pero que ven en la imposibilidad de borrarlos de las bases de datos o de internet un obstáculo para poder vivir.
Sin embargo, el olvido tiene límites, pues no puede convertirse en un factor desestabilizador para la sociedad. En Honda, las advertencias de la opinión pública y los temores de algunos padres de familia son legítimos, ya que nada impide que el rector, a pesar de la buena conducta que ha mostrado hasta hoy, pueda reincidir. Desde este punto de vista, su presencia allí configura un peligro potencial para la integridad física y psicológica de los estudiantes de un colegio.
Ante tales riesgos, el derecho al olvido, sobre todo al tratarse de crímenes graves, no puede quitarles a las personas la posibilidad de conocer su entorno. Y tampoco puede torpedear el deber de los medios de comunicación de informar. Para la constitucionalista Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre debe considerarse “la relevancia” de la información. “La propia corte ha dicho que (…) la información resulta relevante cuando una persona ha sido condenada, por ejemplo, por abuso sexual con niños y niñas y luego aspira a ser docente en un colegio”, recuerda.
El debate tiene lugar en todo el mundo y Colombia no es el único país que todavía debe recorrer un trecho para conseguir garantías integrales para el ‘borrón y cuenta nueva’ de quienes desean reintegrarse a la sociedad. Pero lo que dejan claro las experiencias de otras naciones es que, para que funcione, el derecho al olvido debe ejercerse al derecho.
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